El Tribunal Supremo acaba de ratificar que apoyará la demanda acerca de la supuesta inconstitucionalidad de la inversión de un 5% que las televisiones se ven obligadas a dedicar a la industria del cine español.

Si hace apenas unos días nos esterábamos que la Unión Europea había mandado paralizar la orden ministerial de Cultura que convoca las líneas de subvenciones para la producción audiovisual para el año 2010, ahora le toca al Tribunal Supremo terminar de poner el tela de juicio todo el sistema de financiación del cine español, apoyando la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por las televisiones.

A este nuevo reto a la financiación habrá que unir en 2012 la más que probable desaparición del la deducción del 20% del impuesto de sociedades que practican la mayoría de productoras.

El tema de las subvenciones al cine español se ha estado envenenando, principalmente desde la guerra de Irak, en que los grupos mediáticos conservadores iniciaron una campaña contra las subvenciones, enfurecidos por el apoyo de un gran colectivo del cine español al NO A LA GUERRA. Cosa que consideran una traición, ya que se manifestaron contra el Estado que, según su punto de vista, les pagaba las películas. Algo así como si el hecho de recibir una subvención del Estado te convirtiese en un lacayo del Gobierno de turno y te obligase a apoyar su ideología y decisiones por descabelladas que estas fuesen.

Sea como sea, lo cierto es que el panorama suscitado es en definitiva preocupante y requiere prontas soluciones, que aborden una mejora del sistema que garantice de una vez por todas la independencia y la calidad de aquellas obras que, a fin de cuentas, pagamos entre todos.